¿Qué es peor la incapacidad
intelectual o la incapacidad moral de los funcionarios públicos? Este es un
debate complejo y necesario para la formulación de tesis y de procesos de
adaptación social en búsqueda de una mejor sociedad.
Actualmente los funcionarios, en
muchísimos casos, llegan a los cargos de la administración pública como
producto de la cuota del partido, como el "favor" de un amigo, como
resultado de acciones y decisiones ajenas al mérito y a la capacidad del
trabajador.
Este ha sido uno de los problemas
más ancestrales en el manejo de la cosa pública venezolana; se ha obviado la
importancia de la capacidad académica y/o intelectual para valoras otros rasgos
como la lealtad, el amiguismo o la recompensa política.
Este procedimiento aniquiló a la
meritocracia como base de la designación de los funcionarios públicos,
eliminando la importancia de la vocación de servicios de aquellos que deberían
estar llamados a servir a los ciudadanos y al desarrollo del Estado.
A lo largo de la historia hemos
palpado lo dañino de la carencia de la capacidad intelectual en las instancias
de administración, conducción u operatividad de las instituciones públicas.
Esta ha sido una de las causas por la cual las naciones de América Latina no
han conocido el desarrollo de todas sus potencialidades.
La ausencia de las mejores mentes
en la conducción del Estado, arroja como resultado caos, inoperatividad,
fracaso y una estela de problemas que se acumulan por la misma incapacidad y
falta de voluntad.
Sin embargo, juzgo aún peor que
la falta de capacidad intelectual, la carencia de valores morales por parte de
aquellos que están para cumplir y hacer cumplir las leyes, las normas y los
procedimientos correctos.
Por triste que parezca, la
inmoralidad se sembró en la esencia latinoamericana. La cultura del soborno se
ha extendido, multiplicado y diversificado de tal forma que el ser corrupto
luce como la actitud normal, aceptable y adecuada, y en cambio el honesto,
quien actúe correctamente es atacado, humillado y desplazado.
Este dominio de anti-valores ha
calado en nuestras sociedades a tal punto que no hay conciencia de qué es lo
bueno o qué es lo malo, de qué es lo lícito o lo ilícito, y algunos tan
convencidos están de estar haciendo lo correcto aun cuando es incorrecto, que se
atreven de señalar a la ciudadanía crítica como perturbadora del ejercicio de
la funcionalidad de una gestión, que más bien se caracteriza por ilícita,
transgresora del estamento legal y de los propios Derechos Humanos.
Sí, es importante la capacidad intelectual
para el buen gobierno y el crecimiento de las sociedades. No obstante, la sola
formación académica no basta, sin capacidad ética y moral no hay desarrollo
posible. Y lo más preocupante de todo es que en nuestras naciones
latinoamericanas hay escasez de ambas capacidades.
Frente a esta realidad, es
obligación de cada ciudadano denunciar, y jamás callar, ante a la incapacidad
intelectual o moral de nuestros funcionarios públicos, pues sólo así podremos
exigir a diario lo correcto y el cumplimiento de la norma.
¡No permitamos que lo incorrecto
se convierta en lo correcto! ¡No dejemos que lo ilícito se vuelva cotidiano y
lo lícito lo novedoso!
Ing. María Alejandra Malaver Bellorín
/ @malemalaver
Junta Directiva Nacional del CIV y Presidente de la ONG Gente y Ciudad
